Algunos pueden pensar que pertenecer a un partido convierte a una persona en poco menos que un zombi al servicio del mismo, sin capacidad ni posibilidad de pensar por sí mismo ni de discrepar de sus planteamientos.
Digo esto al hilo de la propuesta de estudio en el marco del "Pacto de Toledo", para la defensa de las pensiones públicas, que hace poco puso sobre la mesa el Ministro de Trabajo.
No han sido pocos los socialistas de a pié o con cargos de responsabilidad a los que no les ha parecido bien esta propuesta de estudio. Aunque para decirlo todo, desconozco posición alguna del PP, ya sea oficial o personal, en una línea estratégica de ocultar sus posiciones para ganar votos, lo que puede que sea lógico, pero todo cuanto sea ocultar a la ciudadanía datos relevantes para conformar su juicio sobre un partido o un candidato no deja de ser, en una ética democrática, reprobable.
Yo, personalmente me alineo con las tesis defendidas por el diputado socialista y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y ex secretario de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. La propuesta de jubilación a los 67 años es consecuencia del tronar de los mercados, y estando inducida al calor de la grave situación económica que estamos viviendo, es equivocada e inoportuna.
Equivocada porque la clave del sistema de pensiones no es la demografía, sino el empleo y la productividad, se cotiza en función de lo que se cobra. Es necesario incorporar más gente al mercado laboral y mejorar el empleo, lo que repercutirá en la recaudación. Todos los especialistas, incluidos los del PP, están de acuerdo en que el sistema público de pensiones está saneado, a la vista del extraordinario volumen alcanzado por el Fondo de Reserva, y más parece que las alarmas sobre sus problemas se hayan sembrado sobre las perspectivas de negocio de los planes privados. Lo necesario no es incrementar la edad de jubilación, sino el empleo y la productividad. Y si el sistema funciona no es responsable ponerlo en cuestión.
Es inoportuna, justo ahora que los agentes sociales han suscrito un acuerdo trianual para marcar una evolución moderada de los costes laborales y se encuentran en disposición de alcanzar acuerdos de reforma laboral. La propuesta es una onda expansiva que alcanza a los sindicatos, que están desarrollando el trabajo más responsable para la mejora de la situación económica. Eso sí, con un gobierno que, en mi opinión, no sólo no ha tirado contra los trabajadores, sino todo lo contrario, a la vista del enorme esfuerzo para no rebajar derechos laborales y ampliar las coberturas por desempleo.
El Gobierno debería, sin traumas, y con la colaboración, al menos pasiva del PP, aplazar esta propuesta para encauzarla cuando corresponda, una vez despejados los acuerdos sociales sobre creación de empleo y estabilidad de la economía. Y este paso, que necesita coraje e inteligencia, hay que darlo sin desdoro, sino todo lo contrario.
Lo que desde luego no veo es la propuesta del PP de bajar impuestos y recortar derechos laborales para estimular la economía. Esa receta suena a estimular a los ricos con más riqueza y a los pobres con más pobreza. Así, los ricos siéndolo un poco más, tendrían a bien invertir algo, y los pobres, estando todavía peor, se aplicarían mejor en trabajar sin importarles las condiciones.
Una alternativa viable puede ser la de no seguir siendo tan generosos como hasta ahora con las rentas del capital, discriminadas muy favorablemente respecto de las rentas del trabajo, con una presión fiscal seis o siete puntos por debajo de la media europea.
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