Deuda municipal: causas y soluciones

En el artículo del 12 de abril hablaba de los datos proporcionados por el Ministerio de Economía sobre la deuda de los ayuntamientos. Quedaba claro a la vista de cifras, que no de impresiones o prejuicios, que el problema es global, que todos los ayuntamientos de España sin distinción de color político mantienen un nivel alto de endeudamiento y por consiguiente las causas y las soluciones o se buscan de forma global o la tentación de usar y explicar demagógicamente este tema como oposición local acabará por mantenernos eternamente distraidos de las causas y salidas a la situación.
Esta situación en Villacarrillo nos mantiene claramente por debajo de la media nacional y andaluza y ligeramente por encima de la provincial, por lo que se puede decir que no somos un caso especial y podemos justificar las cifras con argumentos generales y no por problemas o políticas específicas de Villacarrillo.

Las causas están claras, desde los primeros ayuntamientos democráticos las transferencias de competencias del Estado y las autonomías ha crecido vertiginosamente en todas las direcciones y áreas: servicios sociales, inmigración, cultura, vivienda, urbanismo, desarrollo económico, infraestructuras y todo tipo de servicios, respetando el principio de subsidiariedad, por el cual la administración más cercana es más eficaz que la más alejada. Esto ha proporcionado a los municipios en 30 años un nivel de vida equiparable a Europa (pronto hemos olvidado cómo se vivía hace 30 años). Los ayuntamientos conocedores de los problemas de sus ciudadanos han cambiado la faz de sus pueblos.
Pero esas transferencias de competencias no han venido acompañadas de financiación suficiente, por lo que se han visto obligados a buscar recursos propios de los que carecen y acometer las infraestructuras y los servicios en base a un nivel elevado de endeudamiento.
Tampoco se ha abordado por ningún partido la financiación de las haciendas locales en base a criterios de distribución de recursos de las administraciones central y periféricas, que han acaparado las grandes cifras, abocando a los ayuntamientos a la precariedad y el endeudamiento.

Las soluciones están sobre la mesa, asumidas por la Federación de Municipios ante Estado y autonomías, y pasan por equilibrar el reparto de recursos de las administraciones de forma que quien tiene la competencia tenga el dinero que podría venir de la participación en tributos de Estado y la Comunidad, esto es, una Ley de Financiación. De la misma forma redefinir el sistema de subvenciones finalistas tuteladas por otras administraciones que obliga a los ayuntamientos a invertir condicionadamente los fondos recibidos a proyectos y programas no definidos por ellos y que no responden a las necesidades reales de la población, obligándolos a un círculo vicioso de aportación de recursos y aumento de la deuda sin respetar las prioridades locales.

Quien siga pensando que el cambio del color político de un ayuntamiento va a resolver el problema peca de iluso, pues sólo hay que comprobar los miles de cambios de partido gobernante que se ha producido estos años en los ayuntamientos de España sin consecuencias relevantes sobre la deuda. Gastar energías en miopes disputas locales nos priva de elevar con voz unánime nuestra justas reivindicaciones de suficiencia de financiación municipal.