Tienen motivos los transportistas para estar más que preocupados, la brutal subida del precio de gasóleo acumulado a problemas estructurales del sector, amenaza la supervivencia de los más pequeños. El derecho y la razón de huelga están plenamente justificados. Pero sucede que la huelga no es contra un patrono, que suelen ser ellos mismos, es contra el gobierno y busca tener la mayor repercusión posible a través de ciudadanos y consumidores. Para los huelguistas es un éxito que se perciban colas de camiones, interrupciones de tráfico, colapsos y desabastecimiento en los mostradores.
El Gobierno parece resignado ante las “expresiones reivindicativas” de los camioneros airados. También la oposición expresa la típica comprensión hacia cualquier enemigo del Gobierno con la esperanza de que lo que sea malo para el Gobierno será bueno para la oposición.
El dinero de las negociaciones sale de bolsillo de todos y es complicado encontrar el equilibrio de justicia social y cesiones fiscales. Si el Gobierno acepta las reivindicaciones de los huelguitas será un precedente para otros colectivos afectados, y si no las acepta se evidenciará que no tiene un plan para enfrentarse a medidas de presión de sectores con capacidad de amedrantamiento social.
Las medidas negociadas deberían haber estado previstas desde que la escalada de precios de los carburantes coloca fuera de juego a algunos sectores con extrema dependencia de ese consumo. En cualquier caso, la presión con los ciudadanos como rehenes no puede ser admitida como procedimiento para obtener cualquier objetivo; al menos no en sociedades que respetan y creen en el Estado de Derecho. Es inadmisible que una huelga de trabajadores perjudique a otros muchos trabajadores como los sectores de la automoción, con despidos, la fruta de Almería con pérdida de importantes stocks, o los autónomos que no cobrarán simplemente por no poder llegar a su trabajo atrapados en las vías de comunicación.
En toda negociación se deben aceptar algunas peticiones y articular medidas legales y laborales que mejoren las condiciones generales del sector. Pero las condiciones de fondo de esta negociación deberían ser una reconversión profunda del sector del transporte y una vigilancia atenta de las autoridades de competencia para evitar los abusos en los contratos.
5 comentarios:
Que se empiecen a quemar camiones con los conductores dentro es como para hacer pensar en los excesos. La razón no la tiene quien más borde es y quien más pérdidas y destrozos provoca.
Mano dura con quienes aprovechan el derecho de huelga para para coartar las libertades de los demás y queines buscan el perjuicio ajeno para aumentar la presión en beneficio propio.
Desde el momento en que la huelga deriva en hacerle la vida imposible al mayor número de gente posible, mis simpatías por estos trabajadores y su situación pasan a convertirse en rabia contra ellos por radicalizarse y ser tan incosncientes como no sólo no importarles el daño que hacen, sino que aposta van a hacerle la vida imposible a todos un pasis de 45 millones de personas. Es desproporcionado, es injusto, es una agresión a mis derechos de circulación y consumo, es ir contra todos los trabajadores de este pais.
Esto que está ocurriendo no es una huelga de trabajadores, es un cierre patronal, sólo que en este caso no va contra los trabajadores sino contra el Gobierno. El 88% de las asociaciones y federaciones de transportistas están conformes con las medidas que el Gobierno les ofrece, y un 12% no, son los que mantienen el paro. En una negociación, las dos partes tienen que ceder si se quiere llegar a un acuerdo, en este caso ese 12% no ha cedido nada, no ha cambiado ni un ápice sus reivindicaciones iniciales, y tienen a todo un país paralizado, afectando a otros sectores (en algunos de manera irreversible), a trabajadores de otros sectores y sobre todo, y es lo mas grave, provocando altercados con la pérdida de una vida humana y un trabajador quemado.
Lo que debería revindicar este 12% son medidas estructurales y no coyunturales, necesitan modernizar el sector, innovar. No sólo les afecta la subida del precio del gasóleo, hay empresas del transporte que han crecido mucho en los últimos diez años como consecuencia de la bonanza del sector de la construcción, ahora que este está en crisis deberían adaptar su oferta a la demanda existente.
Esta huelga ha degenerado en episodios de violencia constantes, y lo que era comprensión de los problemas de los camioneros se va cambiando en rechazo contundente de las coacciones que están desplegando y de su cerrazón para negociar. El gobierno tiene que ser contundente para liberar las carreteras de piquetes, que de informativos no tienen nada, y para garantizar los suministros. Las consecuencias de estas huelga salvaje no las pueden pagar los de siempre. Y lo de ponerles precio mínimo a los portes es una barbaridad, pues yo que soy comerciante, también quiero que le pongan precio mínimo a mis productos y que se obligatorio para todos, pero estamos en una libre competencia y yo tengo que dar servicio, calidad y precio, y no puede ser que unos si y otros no. Aparte de que va contra todas las reglas del mercado.
Estoy con el comentario anterior, el Gobierno tiene que ser tajante y no ceder al chantaje de unos pocos y menos en unas pretensiones tan injustas, porque entonces debería de pagar a los comerciantes por las pérdidas que han sufrido como conseciencia de no vender sus prendas a causa de las lluvias de esta primavera.
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